Guatemala, 20 de febrero de 2026. Con el propósito de fortalecer la formación, coordinación y comunicación interinstitucional, hoy fue inaugurada la segunda edición del Curso y certificación para asesores jurídicos del Organismo Ejecutivo.
Esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría General de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación -PGN-, la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-, en el marco del proceso de modernización del Organismo Ejecutivo.
Durante su intervención, la Directora de la ONSEC, Karla Gómez, destacó: “En el Sistema de Servicio Civil, sabemos que no puede existir una transformación del Estado sin fortalecimiento de sus capacidades técnicas, y no puede existir ese fortalecimiento institucional sin asesores jurídicos sólidos con criterios técnicos, con rigor normativo y con plena comprensión del marco constitucional y administrativo que sustenta el ejercicio del poder público”.
El curso tiene como objetivo fortalecer la capacidad de análisis de los asesores jurídicos de las instituciones del Organismo Ejecutivo, conforme a los lineamientos de la Política General de Gobierno aprobada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Por su parte, la Gerente del INAP, Ruth Elisabeth Ávalos, afirmó que esta segunda edición no representa únicamente la apertura de un nuevo ciclo formativo, sino la continuación de un proceso estratégico de consolidación del conocimiento jurídico como un activo fundamental del Estado, orientado hacia una asesoría más sólida, ética, eficiente y comprometida con la ciudadanía.
Para el titular de la PGN, Julio Saavedra, afirmó que el curso responde a la necesidad de asegurar que las asesorías jurídicas cuenten con herramientas técnicas, criterios claros y una interpretación adecuada del marco normativo vigente.
En la misma línea, el Subsecretario General de la Presidencia, Daniel Enrique Ambrosio, destacó que el trabajo que realizan los asesores jurídicos tiene un impacto directo en la vida de las y los guatemaltecos, pues sus decisiones inciden en la gestión pública y en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Esta segunda edición del curso reafirma el compromiso institucional con la profesionalización del servicio público y representa un paso firme hacia un Estado más sólido, coherente y profesional, basado en principios de ética, mérito y excelencia técnica.